Anticorrupción alerta de la "incompatibilidad" de que la Abogacía defienda al 'número tres' de Puente y acuse por fraude fiscal en el 'caso Koldo'

La Fiscalía avisa al juez de la situación que se produciría si también se persona como acusación por los delitos contra la hacienda pública atribuidos a la trama
 
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Koldo García, en la comisión de investigación del Senado.ANTONIO HEREDIA
   
Manuel MarracoMadrid
Madrid
Actualizado Miércoles, 14 agosto 2024 - 14:46
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La Fiscalía Anticorrupción ha cuestionado ante el juez del caso Koldo que la Abogacía del Estado se haya personado en la causa en defensa del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, número tres del Ministerio que dirige Óscar Puente.

En un escrito dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el fiscal alerta de la posible existencia de intereses contrapuestos por parte de la Abogacía del Estado: por un lado, defendiendo a ese investigado y por otro, ejerciendo la acusación por los presuntos delitos fiscales cometidos por la trama. Anticorrupción considera que el alto cargo presionó para que se adjudicaran contratos a una empresa de la trama.

"Si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos", afirma el escrito del fiscal Alejandro Cabaleiro.

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La Fiscalía se limita a dejar constancia de esa posible incompatibilidad, sin llegar a recurrir la personación de la Abogacía. De hecho, el escrito recuerda que hace unos días, cuando se le informó de ello, no se opuso a que la Abogacía del Estado se personara en defensa del número tres del Ministerio de Transportes. La Abogacía actúa en representación de la Administración y sigue las indicaciones del Gobierno.

También recuerda el fiscal que recientemente solicitó que Hacienda paralizara las inspecciones fiscales abiertas relacionadas con el caso Koldo mientras este se solventaba penalmente en la Audiencia Nacional. Previsiblemente, la Abogacía debería personarse en la causa como acusación particular en nombre de Hacienda por los delitos fiscales. Eso supondría tener al brazo jurídico del Gobierno como defensa y acusación al mismo tiempo.

La "incompatibilidad" de esa situación ha sido también advertida al juzgado por la acusación popular que ejerce la asociación Liberum, que va más allá del fiscal y pide al juez que no acepte la intervención de la Abogacía en defensa de los altos cargos investigados.

"Estamos ante un eventual delito contra la Hacienda Pública, por lo que la personación de la Abogacía del Estado en defensa de uno o varios investigados supondría claramente una infracción [...], produciéndose un evidente conflicto de intereses", indica Liberum en su escrito al juez instructor.

La asociación indica que, conforme a la ley que regula la actuación de la Abogacía del Estado, la habilitación para representar a cargos públicos está "subordinada a su compatibilidad con la defensa de los derechos e intereses generales de la Administración General del Estado [...] de los que estén en discusión en el mismo proceso".

Liberum reitera la petición de Vox de que se aporten a la causa los informes de la dirección general de Contencioso que descartan esa incompatibilidad que la acusación estima que sí existe.

RELACIÓN "DIRECTA"
El subsecretario de Transportes está citado a declarar como investigado el próximo 9 de septiembre, según acordó recientemente el juez, una vez que el Tribunal Supremo ratificó su competencia sobre el caso frente a las pretensiones de la Fiscalía Europea.

En el caso Koldo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga de la mano de Anticorrupción la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia a una empresa que habría sido favorecida por el Koldo García, asesor del entonces responsable de Transportes José Luis Ábalos. A los investigados se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias.