El juez y la soberanía: ¿quién manda en la democracia

Por Cesáreo González, abogado y analista jurídico-cultural

“La democracia se transforma cuando los jueces hablan más fuerte que el pueblo.”

En la historia del poder, hay episodios que no requieren guerras ni revoluciones para marcar un antes y un después. Basta una pluma, un fallo y una toga. Así ocurrió con la sentencia más influyente en la historia del constitucionalismo moderno: Marbury v. Madison, dictada en 1803 por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El trasfondo político: Jefferson vs. Adams

Al concluir su mandato, el presidente John Adams, del Partido Federalista, perdió las elecciones frente a Thomas Jefferson, líder de los republicanos-demócratas. Antes de abandonar el poder, Adams ejecutó una jugada estratégica: nombró a numerosos jueces afines para preservar su influencia en el sistema judicial. A estos se les conoció como los “Midnight Judges”.

Uno de ellos fue William Marbury, designado juez de paz del Distrito de Columbia. Su nombramiento fue aprobado, pero la comisión oficial no se entregó antes del cambio de gobierno. Ya bajo la administración de Jefferson, el nuevo secretario de Estado, James Madison, se negó a entregarle el documento.

⚖️ La demanda que cambió el mundo jurídico

Ante esa negativa, Marbury demandó a Madison ante la Corte Suprema, presidida por el influyente juez John Marshall, también federalista. Marbury solicitó una orden judicial (mandamus) para exigir la entrega de su nombramiento.

Lo que ocurrió fue sorprendente. Marshall, lejos de actuar por lealtad partidaria, dio una lección monumental: reconoció que Marbury tenía derecho al cargo, pero sostuvo que la Corte no tenía competencia para obligar a Madison, ya que la ley que otorgaba ese poder —la Judiciary Act de 1789, sección 13— era inconstitucional.

 El nacimiento del control de constitucionalidad

Marshall declaró que el Congreso había aprobado una ley que violaba la Constitución. Y estableció una doctrina que hoy es universal:

“Es enfáticamente función del Poder Judicial decir qué es la ley.” (Marbury v. Madison, 1803, citado en Chemerinsky, 2019)

Así nació el principio de control judicial de constitucionalidad, adoptado por casi todos los sistemas democráticos. Desde entonces, ningún poder —ni el legislativo ni el ejecutivo está por encima del texto constitucional. La Corte se convirtió en su guardián supremo.

¿Qué decía la ley anulada?

La disposición invalidada fue la Judiciary Act de 1789, sección 13, que otorgaba a la Corte Suprema jurisdicción original para emitir mandamientos judiciales. Marshall determinó que esa ampliación violaba el Artículo III de la Constitución, que no autorizaba tal competencia (Chemerinsky, 2019).

 De Marshall a hoy: ¿quién vigila al que vigila?

Desde 1803, los tribunales constitucionales —inspirados en Marbury— pueden anular leyes, decretos e incluso decisiones presidenciales. Hoy, el dilema no es si los jueces deben interpretar la Constitución, sino si están reemplazando al legislador y gobernando desde el estrado (Guastini, 2011).

Los jueces han pasado de ser árbitros a convertirse, muchas veces, en protagonistas políticos. Deciden sobre aborto, matrimonio igualitario, migración, educación o incluso la permanencia de un presidente. En nombre de la Constitución, pueden frenar al Congreso, al Ejecutivo y alterar el rumbo de una nación. ¿Y quién los elige? ¿Quién los fiscaliza?

 La toga que sustituye al voto

Cuando la Corte falla, no hay “voto popular” que lo corrija. Los jueces no hacen campaña, no se someten a elecciones. Pero sus decisiones impactan más que las de cualquier diputado. Esta asimetría alimenta la sensación de un “gobierno de los jueces” (judicial supremacy), donde la democracia ya no se decide en las urnas, sino en los tribunales (Dworkin, 1985).

En sociedades donde los partidos políticos se debilitan y el Congreso pierde credibilidad, los jueces se vuelven héroes o villanos. La toga reemplaza al voto. Pero el peligro está en creer que los jueces son oráculos infalibles. No lo son. Son humanos, con ideologías, pasiones y limitaciones.

 Juristocracia: el riesgo de una justicia sin contrapesos

En países con instituciones frágiles, el riesgo es mayor. Una sentencia puede anular reformas constitucionales, destituir autoridades o frenar políticas públicas sin mayor debate. Cuando esto ocurre sin equilibrio de poderes, el Estado de Derecho deja de ser democrático y se convierte en juristocracia.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

Marbury v. Madison nos enseñó que el derecho puede controlar al poder. Pero también nos alerta: quien interpreta la Constitución tiene el poder más grande de todos. Por eso, en una democracia saludable, los jueces deben tener límites, rendir cuentas y actuar con transparencia. No basta con que sean independientes; deben ser responsables.

El pueblo no puede delegar su soberanía sin control. Debe vigilar, cuestionar, participar y exigir que la justicia sea verdaderamente justa. Porque si los jueces mandan más que el presidente, la Constitución se convierte en una espada de doble filo.

“Si ayer fue Marbury, ¿quién será mañana el que nombre jueces y dicte la ley sin elecciones? La democracia no es eterna si nadie la vigila.”