Fiscal Nacional del Colegio de Abogados (CARD) reafirma compromiso con el debido proceso y la defensa de los derechos fundamentales.

Santo Domingo, R.D. – El Fiscal Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Lic. Cesáreo González, saludó la reciente sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00389, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el pasado 5 de agosto de 2025, que dejó sin efecto el proceso disciplinario iniciado contra los abogados Lilia Fernández León, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, por haberse realizado en contravención a las garantías constitucionales del debido proceso.

El magistrado González recordó que, mediante certificación emitida el 18 de julio de 2025, ya había advertido públicamente que dicho proceso no podía celebrarse, como se pretendía para el día 6 de agosto año 2025,  debido a que el procedimiento había sido desnaturalizado y violaba derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

“Siempre estaré dispuesto a conocer cualquier proceso disciplinario en contra de un abogado, pero dentro del marco de respeto absoluto a las leyes, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana, respetándoles sus derechos fundamentales. Si existen méritos, actuaremos con firmeza; pero nunca me haré indiferente como Poncio Pilato para permitir procesos arbitrarios o inquisitorios que vulneren derechos”, declaró.

El Fiscal Nacional citó como marco legal aplicable:

Constitución de la República Dominicana, artículos 68 y 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso., Ley núm. 3-19, que crea el Colegio de Abogados, especialmente el artículo 116 sobre competencia disciplinaria; Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.; Código de Ética del CARD (Decreto 1290-83).
Estatuto Orgánico del CARD (Decreto 1063-03).; Tratados internacionales ratificados por la República Dominicana, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25). González subrayó que su rol como Fiscal Nacional implica ser un celoso guardián de la ética y el ejercicio profesional de los abogados, pero también un defensor firme de que ningún miembro de la profesión sea sometido a procedimientos irregulares:

“No podemos pretender hacer justicia basada en la injusticia. No podemos exigir a los demás que actúen con apego a la ética y las leyes si nosotros, los encargados de velar por su cumplimiento, procedemos como inquisidores, atropellando derechos. Mientras sea Fiscal Nacional, actuaré apegado a las leyes y a los principios éticos que deben regir todo sistema de justicia, y que debo practicar como profesional del derecho. Garantizaré que las partes acudan a los procesos en condiciones de igualdad y con pleno respeto a su dignidad profesional.”

Finalmente, reiteró que, más allá de la culpabilidad o inocencia de cualquier abogado, el respeto al debido proceso no es negociable, y que la justicia disciplinaria debe ejercerse con objetividad, transparencia y apego estricto al ordenamiento jurídico.