Responsabilidad patrimonial del Estado por omisión legislativa: historia, jurisprudencia y consecuencias

Por Lic. Cesáreo González, Abogado.

Introducción

La responsabilidad patrimonial del Estado es un principio jurídico que establece que el Estado debe reparar los daños que sus actos o su inacción causan a los ciudadanos. Dentro de este marco, la omisión legislativa ocurre cuando el Estado no crea, modifica o deroga normas necesarias para proteger derechos fundamentales, generando daños directos a las personas.

“La omisión legislativa no es un acto neutro; su inacción genera consecuencias jurídicas y sociales que obligan al Estado a responder patrimonialmente frente a los afectados”— Núñez Leiva, 2008, p. 138

Ejemplo sencillo: Si un país no promulga normas de seguridad industrial y un accidente afecta a ciudadanos, el Estado podría ser responsable patrimonialmente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los Estados deben garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo la obligación de legislar activamente para proteger a los ciudadanos. La falta de acción puede constituir una violación de derechos fundamentales.

2: Análisis histórico de la responsabilidad patrimonial del Estado

La responsabilidad patrimonial del Estado tiene su origen en el derecho europeo del siglo XIX, cuando los tribunales comenzaron a reconocer que los ciudadanos podían ser indemnizados por daños causados por actos estatales. La idea central es que el Estado, como garante del orden jurídico, no puede causar perjuicios a los individuos sin asumir las consecuencias.

Origen en Francia

En Francia, el concepto se consolidó a través del Consejo de Estado, con casos como el Arrêt Blanco (1873), que estableció que el Estado podía ser responsable de los daños causados por la Administración pública, diferenciando su responsabilidad de la de los particulares (Vive, 1995).
Este precedente sentó las bases de la responsabilidad por omisión, aunque inicialmente se centraba en acciones administrativas, más que en la inacción legislativa.

Evolución hacia la omisión legislativa

Con el tiempo, los tribunales franceses reconocieron que la inacción del legislador también podía generar daños. El Arrêt de La Fleurette es un ejemplo temprano donde la omisión legislativa para proteger ciertos derechos patrimoniales creó un debate sobre la obligación del Estado de reparar los daños causados por su inacción (Sainte-Marie, 1987).

Influencia en España y América Latina

En España, la doctrina se consolidó con la STC 24/1982 y la Ley 40/2015, reconociendo que la omisión legislativa que afecta derechos fundamentales puede generar responsabilidad patrimonial (Pérez Royo, 2002).
En América Latina, esta doctrina fue importada y adaptada por países como Colombia, México y Chile, estableciendo la obligación de indemnizar y legislar diligentemente frente a derechos fundamentales afectados.

Relevancia actual

El análisis histórico muestra que la responsabilidad patrimonial del Estado es una evolución del Estado de derecho, pasando de la reparación de actos administrativos a la reparación por inacción legislativa. Hoy, el principio se reconoce internacionalmente en tratados como:

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Estos instrumentos consolidan la idea de que la inacción normativa puede generar daños y, por tanto, responsabilidad.

 3: Antecedentes históricos y doctrinales

Francia: Arrêt de La Fleurette

La doctrina de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador se originó en Francia. Desde el Arrêt de La Fleurette, distintos ordenamientos jurídicos comenzaron a reconocer que la inacción del legislador podía generar responsabilidad patrimonial (Núñez Leiva, 2008).

En Francia, casos tempranos como el fallo del Consejo de Estado del 11 de enero de 1938, en el que un ciudadano reclamaba indemnización por daños causados por prohibiciones legales sobre la fabricación de sucedáneos de tabaco, ilustran cómo la jurisprudencia sentó las bases de esta doctrina.

España

España incorporó la doctrina mediante:

STC 24/1982: reconoce que la omisión legislativa que afecta derechos fundamentales puede generar responsabilidad patrimonial. Ley 40/2015: establece mecanismos para reclamar indemnización por daños patrimoniales (Pérez Royo, 2002). “La jurisprudencia española ha consolidado criterios de responsabilidad del Estado legislador por leyes inconstitucionales o inacción que provoca daños a los ciudadanos” — Núñez Leiva, 2008, p. 139

Aplicación al caso chileno

El impacto de esta doctrina en Chile se evidencia en la influencia de los sistemas francés y español sobre la jurisprudencia chilena, considerando:

La protección de derechos fundamentales.
La obligación de legislar diligentemente.
La compensación por daños derivados de la omisión legislativa.
 

 4: Jurisprudencia latinoamericana

Colombia: Educación especial – Sentencia C-038/2006

La Corte Constitucional reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión legislativa al no haber expedido la ley que reglamentara la educación de niños con discapacidad, afectando derechos fundamentales. La Corte ordenó al Congreso expedir la ley correspondiente y reparar a las familias afectadas.

Chile: Contaminación ambiental – Rol 2016-24

Comunidades afectadas por contaminación demandaron al Estado chileno porque la ausencia de regulación ambiental permitió que empresas contaminantes dañaran su salud y propiedad. La Corte Suprema reconoció la responsabilidad patrimonial por inacción legislativa, ordenando indemnizaciones y regulaciones futuras.

México: Regulación de responsabilidad patrimonial – Amparo Directo 941/2019

La Suprema Corte reconoció responsabilidad del Estado y municipios por no expedir leyes que regularan la responsabilidad patrimonial, afectando derechos de ciudadanos en Nuevo León.

 5: Ejemplos emblemáticos relacionados con el aborto

Colombia: Omisión legislativa sobre aborto – Sentencia C-355/2006

Antes de 2006, Colombia carecía de normas claras sobre aborto en tres causales excepcionales. La Corte Constitucional reconoció que esta inacción afectaba derechos fundamentales de las mujeres, incluyendo salud y vida. La sentencia ordenó la expedición de regulación inmediata y estableció un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a daños derivados de la omisión legislativa en derechos reproductivos.

México: Omisión en derechos reproductivos (2019-2020)

La falta de regulación clara sobre aborto seguro en algunas entidades provocó daños a la salud de mujeres, retrasos y procedimientos inseguros. La Suprema Corte reconoció responsabilidad patrimonial por omisión legislativa.

Página 6: Qué significa la responsabilidad patrimonial del Estado

La responsabilidad patrimonial del Estado garantiza que los ciudadanos sean reparados por daños que podrían haberse evitado si el Estado hubiera cumplido con su deber de legislar.

Características principales

Reparación económica: compensación por daños patrimoniales o morales.; Protección de derechos fundamentales: vida, salud, educación, propiedad, seguridad; Obligación de legislar diligentemente: evita impunidad y fortalece el Estado de Derecho.; “La responsabilidad patrimonial del Estado legislador permite que la inacción no quede impune, protegiendo los derechos de las personas y fortaleciendo el Estado de Derecho” — Núñez Leiva, 2008, p. 139

7: Tratados internacionales y consecuencias

Tratados relevantes

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Estos tratados obligan al Estado a legislar activamente para proteger derechos fundamentales, y la omisión puede generar responsabilidad patrimonial.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

12 sentencias reconocen la responsabilidad del Estado por omisión legislativa (CIDH, 2020). La Corte ha determinado que la falta de acción normativa que protege derechos genera obligación de reparación y puede derivar en condena al Estado. Consecuencias de la omisión legislativa

Responsabilidad patrimonial: el Estado debe indemnizar a las víctimas., Obligación de legislar: el Estado puede ser compelido a crear o modificar leyes. Impacto social: protege derechos y fortalece la confianza en las instituciones. “La inacción legislativa tiene un precio tangible. La reparación patrimonial y la creación de normas no son opcionales, sino obligaciones que protegen a los ciudadanos y fortalecen el Estado de Derecho” — Núñez Leiva, 2008, p. 139

Referencias (APA 7ª edición)

Corte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia C-038/2006.
Corte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia C-355/2006.
Corte Suprema de Chile. (2016). Rol 2016-24.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (México). (2019). Amparo Directo en Revisión 941/2019.
Núñez Leiva, J. I. (2008). Antecedentes de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador y su aplicación al caso chileno. Revista de Derecho, Universidad Católica del Uruguay, 138–139.
Pérez Royo, J. (2002). Derecho Constitucional Español. Madrid: Tecnos.
Sainte-Marie, P. (1987). Jurisprudence administrative et responsabilité de l’État. Paris: LGDJ.
Vive, R. (1995). La responsabilité de l’État pour inaction législative en droit français. Paris: Dalloz.
Veloz Romo, M. A. (2024). La omisión legislativa como supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado en México. DE JURE, 20(10), 97–121.